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Resultados de: VILMA TUBIN MAYOR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
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Artículos:

¿Qué procedimientos se siguen para informar actividades sospechosas a las autoridades en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala deben seguir procedimientos específicos para informar actividades sospechosas a la UAF, incluyendo la presentación de reportes detallados que describan la transacción o actividad en cuestión.

¿Puede un cómplice ser extraditado desde Guatemala a otro país para enfrentar cargos?

Sí, Guatemala puede considerar la extradición de un cómplice si se cumplen los requisitos legales y se ha solicitado por un país extranjero. Los tratados de extradición y la legislación nacional son relevantes en estos casos.

¿Cómo se determina la cuantía de un embargo en Guatemala en casos de deudas tributarias pendientes por parte de empresas legalmente constituidas en el país?

La determinación de la cuantía de un embargo en Guatemala por deudas tributarias pendientes de empresas se rige por la normativa tributaria guatemalteca. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de llevar a cabo embargos como parte de la ejecución de obligaciones fiscales. La Ley de Actualización Tributaria y sus reglamentos establecen los procedimientos y criterios para calcular la cuantía del embargo en estos casos.

¿Puede un embargo afectar el acceso a servicios básicos como agua, electricidad o salud en Guatemala?

En general, un embargo no debería afectar el acceso a servicios básicos como agua, electricidad o salud en Guatemala. Estos servicios son considerados derechos fundamentales y no suelen ser objeto de embargo. Sin embargo, en casos excepcionales y si se embargan activos específicos vinculados a la prestación de dichos servicios, podría existir un impacto indirecto en el acceso a los mismos. En cualquier caso, las autoridades competentes deben garantizar que los derechos fundamentales de las personas no se vean afectados por el embargo.

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