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Resultados de: SONIA NOJ GIL
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Sonia Noj Gil
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Gil Noj Sonia Lucrecia
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de residencia por estudios en Guatemala?
Los requisitos para solicitar un permiso de residencia por estudios en Guatemala incluyen presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, contar con una oferta de estudio de una institución educativa guatemalteca, proporcionar la documentación que respalde tu situación académica, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de migración y pagar las tasas correspondientes.
¿Qué legislación regula el delito de extorsión en Guatemala?
En Guatemala, el delito de extorsión se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante intimidación, amenaza, violencia o cualquier otra forma de coerción, obliguen a una persona a realizar u omitir un acto, con el propósito de obtener un beneficio económico o causarle perjuicio. La legislación busca proteger la integridad y los derechos de las personas, sancionando los actos de extorsión.
¿Cuál es la situación de los niños en Guatemala?
Los niños en Guatemala enfrentan desafíos como la pobreza, la desnutrición, la falta de acceso a educación y salud de calidad, y la explotación laboral.
¿Puede un embargo afectar el acceso a servicios básicos como agua, electricidad o salud en Guatemala?
En general, un embargo no debería afectar el acceso a servicios básicos como agua, electricidad o salud en Guatemala. Estos servicios son considerados derechos fundamentales y no suelen ser objeto de embargo. Sin embargo, en casos excepcionales y si se embargan activos específicos vinculados a la prestación de dichos servicios, podría existir un impacto indirecto en el acceso a los mismos. En cualquier caso, las autoridades competentes deben garantizar que los derechos fundamentales de las personas no se vean afectados por el embargo.
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