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Resultados de: KAREN GARCIA PERALTA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Karen Garcia Peralta
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Peralta Garcia Karen Rocio
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Qué es el "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cómo se relaciona con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?
Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado una posición política prominente. En Guatemala, los PEP se consideran de alto riesgo en el contexto de la verificación en listas de riesgos debido a su mayor potencial de involucramiento en actividades ilícitas. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia adicional al verificar a los PEP.
¿Cuáles son las implicaciones legales de no portar un documento de identificación en situaciones donde se requiere?
En situaciones donde se requiere la identificación, no portar un documento de identificación válido en Guatemala puede llevar a dificultades en trámites legales, como la imposibilidad de realizar compras importantes, abrir cuentas bancarias o participar en ciertos procesos gubernamentales.
¿Cómo se asegura la protección de los derechos humanos en el marco de la debida diligencia empresarial en Guatemala?
La protección de los derechos humanos se asegura mediante la adopción de políticas que respeten los derechos fundamentales, evaluaciones de impacto y medidas correctivas, contribuyendo así a una debida diligencia que salvaguarde los derechos humanos en Guatemala.
¿Qué legislación existe para combatir el delito de obstrucción a la justicia en Guatemala?
En Guatemala, el delito de obstrucción a la justicia se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley del Organismo Judicial. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera intencional, impidan, dificulten o entorpezcan el normal funcionamiento de la justicia, como la destrucción de evidencias, la falsificación de documentos o la intimidación a testigos. La legislación busca garantizar la independencia y la eficacia del sistema de justicia, promoviendo el acceso a la verdad y a la justicia.
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